Denisse Medina Ortega, Presidenta y fundadora de En Clave de Paz.
El uso y la regulación de herramientas tecnológicas son, sin duda, un reto nacional y un debate global. Las herramientas generativas están modificando nuestras interacciones sociales, culturales y políticas; sin embargo, el reto es proteger los derechos de las personas y reducir o mitigar los riesgos que esta transformación implica.
La Inteligencia Artificial es un asistente que automatiza y potencializa habilidades. Esto no significa que sustituirá el raciocinio de los seres humanos y su capacidad de pensar. En realidad estas plataformas invierten en tecnologías como sistemas de información inmediata y de consumo que requieren de nuestra guía.
EL DEBATE DE LA REGULACIÓN
La necesidad de regular el uso de la Inteligencia Artificial en México responde a la necesidad imperiosa de contar con un marco que blinde y dé seguridad a las y los usuarios. La primera propuesta fue la modificación del artículo 73 de la Constitución Política, presentada por el senador Saúl Monreal el 3 de febrero de 2026, que buscaba otorgar facultades explícitas al Congreso en materia de ciberseguridad, tecnología y neuroderechos y que, a la letra, dice:
Único. Se reforma el artículo 73, adicionando una fracción XXXII al primer párrafo, recorriendo la siguiente subsecuentemente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. (…)
I a XXXI. (…)
XXXII. Para expedir la Ley General de Inteligencia Artificial, que establezca los principios, bases, normas y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de desarrollo, uso, aplicación, supervisión y control de los sistemas de inteligencia artificial, garantizando la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la transparencia, la innovación tecnológica, la ética digital y el interés público.
Cabe mencionar que, en el Senado de la República, la Comisión Ordinaria de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México identificó como principales retos:
1. Definición y marco conceptual de IA
2. Protección de datos y privacidad
3. Responsabilidad civil y penal
4. Discriminación algorítmica y sesgos
5. Ética en el desarrollo y uso de IA
6. Impacto laboral y redistribución económica
7. Propiedad intelectual y derechos de autor
8. Colaboración internacional y armonización normativa
9. Seguridad cibernética, ciberseguridad y seguridad nacional
10. Supervisión y gobernanza de la IA
En este sentido, durante 2024 y 2025, el debate se institucionalizó mediante un ejercicio de Parlamento Abierto en el Senado. Tras seis conversatorios con más de 70 expertos y en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, se estructuró el proyecto de Ley General de Inteligencia Artificial.
PRIMERA ARQUITECTURA NORMATIVA
Este proyecto plantea un enfoque integral, no acciones fragmentadas. A través de 223 artículos, establece la protección y garantía de los derechos humanos, los principios, la gobernanza digital, el desarrollo, la comercialización, la implementación y la supervisión dentro del territorio nacional. Asimismo, incorpora cláusulas de extraterritorialidad para aquellos sistemas que, operando desde el extranjero, tengan impactos directos en los derechos fundamentales, la democracia, la salud o la economía mexicana.
Propone la regulación de las siguientes dimensiones:
Entre las virtudes de este proyecto están la exposición de un marco conceptual que permite regular riesgos, la exigibilidad de derechos y, sobre todo, el fomento de una cultura de prevención de riesgos, con el fin de evitar daños en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
CONCLUSIÓN
El proceso de regulación en México se encuentra en un punto de inflexión. Frente a una inteligencia artificial que avanza a pasos agigantados y se incorpora cada vez más en todas las esferas de nuestra vida social, la necesidad de contar con certidumbre jurídica es apremiante, sobre todo ante la velocidad con la que la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos avanzan en la construcción de sus propios esquemas regulatorios.
La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado a favor de una regulación ética y transparente, que proteja los derechos humanos, prevenga y elimine la discriminación, y garantice la privacidad y la protección de los datos personales.
Hasta ahora, las iniciativas que han sido aprobadas se concentran en la protección de la identidad y del trabajo artístico, particularmente en el caso de las y los actores de doblaje, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como en la protección del derecho a la identidad digital. El resto de las propuestas continúa en análisis y debate legislativo, en un contexto internacional marcado por la búsqueda de nuevos marcos regulatorios capaces de responder a los retos que plantea la inteligencia artificial.
Considero que es imprescindible actualizar los marcos normativos al mismo ritmo en que se transforma la realidad, evitando que el desarrollo tecnológico rebase la capacidad del Estado para proteger derechos. Esta regulación debe construirse sobre principios claros, en los que la progresividad de los derechos, la verdad, la libertad y la dignidad humana sean pilares fundamentales, sin frenar la innovación ni perder de vista que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas.
Denisse Medina Ortega, Presidenta y fundadora de En Clave de Paz.
Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.