La justicia fiscal como impulsora de políticas públicas progresistas, cuyo objetivo es; la protección de los derechos humanos, reducción de las desigualdades y transitar hacía un desarrollo sostenible.
Uno de los grandes retos para el gobierno mexicano es el aumento respecto a la capacidad para garantizar los servicios públicos de calidad a las y los mexicanos, sin embargo, esta atribución del gobierno de México se ha visto con bastantes limitaciones de alcance por diferentes fenómenos; entre éstos destaca la Recaudación Fiscal.
Como es bien sabido, la provisión de los servicios públicos se sustenta de capacidad monetaria que tenga una entidad para financiar dichos servicios a una nación, un estado o un municipio, de acuerdo con la capacidad de recaudación de impuestos de manera progresiva, justa y responsable, es que el gobierno contará con los recursos económicos para proveer a las personas, de servicios públicos de calidad.
Con base en la investigación llamada “Hacia una Reforma Fiscal Progresiva” realizada por Alianza por la Justicia Fiscal; que es un conjunto de organizaciones e instituciones que trabajan los temas fiscales, se expone que en México se necesita realizar una reforma fiscal justa, impactando en el aumento de sus ingresos públicos de manera progresiva y al mismo tiempo, que se incentive a los gobiernos estatales y municipales para aumentar y fortalecer sus ingresos propios.
De gran importancia significativa, es que el Estado mexicano aumente la transparencia, promueva e incentive la participación pública y privilegie la rendición de cuentas sobre la asignación del gasto público, ésto, con la finalidad de alcanzar un desarrollo económico sostenible, pero sobre todo, incluyente.
La Alianza por la Justicia Fiscal propone que, para que esto sea posible, la reforma fiscal propuesta por dicha organización, se debe centrar en tres ejes:
- Fortalecer la progresividad de los impuestos sobre la renta la propiedad.
- Potenciar los impuestos ambientales.
- Democratizar las decisiones de gasto.
De estos tres grandes ejes temáticos, se desprenden 12 propuestas elaboradas por la Alianza por la Justicia Fiscal, mismas que representan las líneas de acción de la Reforma Fiscal:
- Modificar los tramos y las tasas del ISRF. Hay que aumentar la incidencia del ISR sobre los estratos económicos de mayores ingresos. Esto se puede lograr si se incrementa la tasa marginal máxima, se reduce el umbral de ingresos a partir del cual se cobra la actual tasa marginal máxima y se crean nuevos tramos entre la actual tasa marginal máxima y la nueva.
- Limitar los beneficios fiscales para las personas de ingresos más altos. Determinar un tope de ingresos para el acceso a estos beneficios, justificar cada uno de ellos de forma robusta, incluir cláusulas de vencimiento y transparentar todos los beneficios fiscales puede reducir la discrecionalidad en su otorgamiento y hacerlos menos regresivos.
- Equiparar las tasas impositivas entre el trabajo y el capital. En el actual sistema, las tasas reducidas o exenciones generalizadas a determinadas rentas de capital son tratamientos preferenciales que benefician principalmente a los hombres de mayores ingresos. Esto debe revisarse, pues perpetúa y agrava las desigualdades.
- Fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar el predial. Se debe promover el uso de medios electrónicos, mejorar los registros catastrales por medio de la tecnología y fortalecer su vinculación con los sistemas tributarios, así como homogeneizar los sistemas de cálculo y liquidación de los tributos.
- Transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de automóviles. Proponemos una Ley Federal de Tenencia que permita al gobierno federal recaudar este impuesto en los estados que no lo cobran. Además, las emisiones contaminantes se deben incluir en el cálculo del impuesto para los automóviles de valor alto.
- Explorar la posibilidad de un impuesto especial a los jets privados y los yates. México es el segundo país con más jets privados en el mundo. Los ingresos recaudados por medio de un impuesto así en México podrían destinarse, por ejemplo, a la mitigación y adaptación al cambio climático.
- Reducir las exenciones en el IEPS al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de CO2. Se debe cubrir una mayor cantidad de emisiones y así desincentivar el consumo de combustibles. Incrementar el precio federal al nivel del impuesto estatal de Zacatecas permitiría recaudar casi 13 mil millones de pesos adicionales.
- Etiquetar impuestos. Proponemos que la legislación destine una parte significativa de los ingresos fiscales recaudados a través de las propuestas presentadas a sectores o programas específicos relacionados con ellas. Esto ya se ha hecho con buenos resultados en la Ciudad de México y en Nuevo León.
- Introducir una garantía presupuestaria para el sistema de salud para las personas sin seguridad social. Recomendamos reformar la Ley General de Salud para establecer el financiamiento del IMSS Bienestar en función de la población sin acceso a la seguridad social y fijar un presupuesto mínimo per cápita.
- Fortalecer la regulación de los ajustes presupuestarios, del uso de los ingresos excedentes y el endeudamiento. Esto permitirá aumentar el control democrático sobre la asignación de recursos y fortalecer la rendición de cuentas. Es necesario regular la asignación de ingresos excedentes y destinarlos en parte al pago de la deuda, fondos de estabilización, fondos de desastres naturales e inversión física.
- Robustecer la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos. Es necesario hacer más plural la integración de sus comités técnicos, ampliar el contenido de sus informes, llevar a cabo auditorías y evaluaciones obligatorias, crear un registro único y establecer parámetros para su creación y extinción.
- Medir el impacto presupuestario de las reformas legislativas. Es fundamental que todos los proyectos de ley o decretos incluyan una evaluación de impacto presupuestario. Estas podrían ser elaboradas y verificadas por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Aunque existe -de manera generalizada- una idea colectiva negativa respecto a la recaudación de impuestos, se debe considerar que el aumento de los ingresos del Estado, es sustancial para que se pueda tener un desarrollo económico; sostenible e incluyente, con controles de transparencia y vigilancia, aunado al hecho de implementar un presupuesto participativo.
“Las economías de altos ingresos y desarrollo humano exhiben altos niveles de recaudación de impuestos“. (Alianza por la Justicia Fiscal)
Si quieres saber más acerca de esta interesante investigación, no olvides dar click en el siguiente enlace:
https://alianzajusticiafiscal.mx/wp-content/uploads/2024/03/Hacia-una-Reforma-Fiscal-Progresiva.pdf