Uno de cada tres hogares mexicanos, son sustentados por mujeres jefas de familia.
Históricamente, las mujeres y los hombres han tenido diferencias laborales, en un primer momento, respecto a las actividades de supervivencia, es decir, a la reproducción y alimentación. Estas diferencias dieron pauta a la división sexual del trabajo.
“La división del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de género socialmente establecidos o que se consideran apropiados y preciados para cada sexo”. (ONU Mujeres)
Desde las primeras formas de organización primitiva, fueron asignadas las actividades reproductivas a las mujeres y las actividades productivas a los hombres. Las actividades reproductivas hacen alusión a la capacidad de gestación de las mujeres, aunado a las actividades del cuidado de las personas y la recolección de alimentos. Las actividades productivas asignadas a los hombres, se relacionan con la cacería y pesca, así como actividades de protección y seguridad.
No obstante, la división sexual del trabajo ha generado desigualdades sociales, políticas, económicas y laborales, mismas que sitúan a las mujeres en una condición de vulnerabilidad frente a los hombres.
Aun cuando en las últimas décadas se han roto algunos roles de género que encasillaban mayoritariamente a las mujeres en lo privado y a los hombres en lo público, siguen existiendo desigualdades que limitan las oportunidades y acceso al mercado laboral en ciertos espacios públicos para las mujeres, esto genera que las mujeres sean más susceptibles a condiciones de precariedad y pobreza.
El Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género (SIPyG), desarrollado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya finalidad es la medición de la pobreza en México, se expone cómo la división sexual del trabajo afecta las condiciones de vida de las mujeres.
Con base en datos estadísticos correspondientes al SIPyG que comprende de los años 2016 al 2022, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Las mujeres dedican 32 horas -en promedio- a la semana al trabajo del hogar no remunerado, mientras que en los hombres dedican 14 horas -en promedio- por semana.
- El trabajo del hogar no remunerado aumenta 5 horas -en promedio- para las mujeres en contextos de pobreza, pero no así para los hombres.
- La brecha en la participación económica en el mercado laboral, es de 26 % entre hombres y mujeres fuera del espectro de la pobreza, pero crece a 37 % en la población en situación de pobreza.
- La brecha salarial de género en contextos de pobreza, es de 25 pesos menos por hora para las mujeres que para los hombres.
- Por cada hombre hay 2 mujeres mayores de 65 años en situación de pobreza, con un empleo subordinado sin paga.
- El 30 % de mujeres adultas mayores en situación de pobreza, trabajan de manera subordinada y sin retribución económica.
- 76 de cada 100 mujeres en situación de pobreza no han tenido seguridad social en sus distintos trabajos; en contraste con los 64 de cada 100 hombres.
- Las mujeres adultas mayores en situación de pobreza presentaron los niveles de rezago educativo más altos, 78.9 %, en contraste con el 73.2 % correspondiente a los hombres en la misma situación.
- La brecha de género en la propiedad de la vivienda es 10 % menor para las mujeres que para los hombres.
- 1 de cada 3 hogares mexicanos, son sustentados por mujeres jefas de familia.
- Los hogares encabezados por mujeres jefas de familia, se encuentran en mayor riesgo de enfrentarse a presiones económicas para solventar sus necesidades, ya que cuentan con mayor población dependiente.
Una vez analizadas las condiciones que se generan a partir de la división sexual del trabajo, en las que se observan ciertas desigualdades y desventajas para las mujeres frente a los hombres, es necesario que se diseñen y fortalezcan políticas públicas con perspectiva de género, con el objetivo de redistribuir, de manera justa, las actividades del hogar no remuneradas, así como las labores remuneradas en el sector público y privado.
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